El presupuesto destinado a este fin desciende a la
mitad con respecto a 2013 y 2014, adjudicado a Air Europa y Swift Air. El
Gobierno pagará hasta 22.000 euros por hora de vuelo en las deportaciones
de inmigrantes. Durante los vuelos de deportación, caracterizados
por un fuerte despliegue policial que puede llegar a doblar al número de
repatriados, están permitidas las sedaciones forzosas “por seguridad” y el
empleo de la fuerza de forma “proporcional”. La Campaña por el Cierre de
los CIE denuncia las condiciones de violencia a las que son sometidas estos
pasajeros y el negocio detrás de los vuelos.
El Gobierno destinará entre este año y
2016 un total de 10,9 millones de euros para los vuelos de deportación de
inmigrantes, una práctica que está amparada en la ley de extranjería y que
responde a los acuerdos de readmisión de inmigrantes que España ha ido
suscribiendo con los distintos países de origen, así como 12,1 millones de
euros para los servicios de traducción por un periodo de dos años.
El Gobierno destinará entre este año y
2016 un total de 10,9 millones de euros para los vuelos de deportación de
inmigrantes, una práctica que está amparada en la ley de extranjería y que
responde a los acuerdos de readmisión de inmigrantes que España ha ido
suscribiendo con los distintos países de origen, así como 12,1 millones de
euros para los servicios de traducción por un periodo de dos años.
Así se desprende de una respuesta del
Gobierno recogida por Europa Press en el Congreso, dirigida a la portavoz de
UPyD, Rosa Díez, quien preguntaba por el coste anual previsto para los citados
vuelos, las empresas que se habían presentado a la licitación, así como el
coste de los servicios jurídicos e intérpretes necesarios en los trámites de
deportación.
El Ejecutivo explica que el coste del
transporte aéreo de inmigrantes entre diversos puntos del territorio nacional,
y de estos a sus países de origen se distribuirá en dos anualidades y 6,9
millones se pagarán en 2015 y 4,9 en 2016. Eso sí, precisa que el plazo de
ejecución del contrato es de doce meses.
“La cifra señalada representa el gasto
máximo a realizar por la Administración en virtud del contrato de servicios. No
obstante, el importe a facturar por la empresa adjudicataria será el que
resulte del gasto real producido en función de los servicios efectivamente
prestados y de los precios unitarios ofertados”, añade.
En cuanto al coste anual de los servicios
de intérprete señala que, a fecha de 23 de abril, se encuentra en tramitación
la contratación de los servicios de traducción e interpretación para la
Dirección General de Policía en todo el territorio nacional, por un total de
12,1 millones de euros para un periodo de dos años.
Por Kaos. Derechos Humanos
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