Lilian Oviedo/Rebelio.org El 20 de diciembre de 1989, 27.000 marines
ocuparon Panamá por orden de George H. W. Bush, hoy nonagenario y mencionado en
las crónicas de actualidad como Bush padre.
Para
enunciar los objetivos de la Operación Causa Justa, se puede citar la lista de
pretextos utilizados para cualquier otra tropelía imperialista. Basta cambiar
fechas y nombres propios.
El
Gobierno de Estados Unidos alegó que debía salvar a los 35.000 estadounidenses
que en ese momento se encontraban en Panamá. Un incidente en el cual resultó
muerto un soldado (forzando para pasar por un retén cercano a una instalación
militar panameña) era, según Washington, el aviso de que toda su gente estaba
en peligro. ¡Burda manipulación!
En
cuanto al objetivo de defender la democracia en Panamá, hay que preguntar si
fue como abanderados de los derechos humanos que los marines dieron muerte a
más de 2,000 panameños (algunas organizaciones dicen que a unos 6.000), muchos
de los cuales fueron enterrados en fosas comunes. Al barrio El Chorrillo se le
llamó Hiroshimita, porque fue casi desaparecido, y también por el frecuente uso
de lanzallamas. Muchos cuerpos fueron quemados.
Para
detener a Manuel Antonio Noriega, que fue otro pretexto, no había que realizar
esa masacre ni movilizar 27.000 marines. Empleado de la Agencia Central de
Inteligencia desde la década de 1960, Noriega había aprendido a obedecer. Pero
además, es evidente la hipocresía y el retorcimiento en la mal llamada lucha
antidrogas.
Con
todo, el enunciado más mentiroso de la lista es el pretexto de respaldar el
cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. (El acuerdo firmado en 1977
devolviendo a Panamá el control del canal interoceánico). Los estrategas
yanquis buscaban no cumplir.
Es
fácil identificar como antecedente de la invasión el accidente fabricado (¿le
llamamos accidente?) al general Omar Torrijos, quien insistía en no consultar
con Washington sus decisiones en materia de política exterior.
El
avión en que Omar Torrijos se movilizaba por territorio panameño, se precipitó
a tierra. El hecho ocurrió en 1981, en los primeros meses del gobierno de
Ronald Reagan. En ese momento, Torrijos negociaba con Japón un préstamo para la
construcción de un canal a nivel del mar. George Shultz, un colaborador de
Reagan (luego secretario de Estado) y Casper Weinberger, secretario de Defensa
de la Administracion Reagan, eran altos ejecutivos de la corporación de
ingeniería Bechtel, cuyos intereses serían afectados con ese proyecto. ¿Acaso
no luce más arriesgado llamar accidente a lo ocurrido?
Después
de la muerte de Torrijos, es Manuel Antonio Noriega quien le sucede en las
funciones de Estado… No puede ser coincidencia.
En
América Latina, la defensa de los intereses de las multinacionales ha costado
muchas vidas. Los gobiernos títeres desaparecen y matan a activistas (ocurrió
en República Dominicana con el abogado Guido Gil), el poder estadounidense ha
impulsado golpes de Estado (contra Jacobo Arbenz en Guatemala, por ejemplo) y
líderes en luchas por causas regionales han sido asesinados (en Honduras
mataron Bertha Cáceres y en Colombia han matado a 35 activistas de derechos
humanos en los últimos meses).
No
es extraño, pues, que una negociación con otra potencia que perjudica a una
compañía poderosa en Estados Unidos acelere la concreción de un plan de
magnicidio que de seguro ya estaba en curso.
Desmontar
estructuras militares en las cuales había núcleos progresistas y patrióticos e
impedir el desarrollo de negociaciones conducidas con cierta autonomía para
aprovechar los recursos naturales y la privilegiada posición geográfica de
Panamá, fueron los verdaderos objetivos de la invasión. El poder estadounidense
busca controlar los recursos naturales de América Latina, utilizarlos para sus
intereses.
¿A
quién salvan esos salvadores?
Importantes
documentos sobre la Operación Causa Justa son todavía secretos. Muchos
analistas dicen que en Panamá fue probado un esquema de ocupación similar al
utilizado en Irak años después.
Se
habla también del ensayo con ciertos diseños de armas y variedades de
explosivos.
¿Se
sabrá toda la verdad cuando sean desclasificados los documentos? Hay que
ponerlo en duda, pero la desclasificación sería un paso.
En
los acuerdos Torrijos-Carter fue contemplada la entrega de las bases militares,
y el paso se dio, pero la presencia militar estadounidense en Panamá ha asumido
otra forma.
Académicos
como el profesor Carlos Pérez Morales dicen que, aunque los gobiernos no lo
reconocen, el Comando Sur ha establecido muchas bases aeronavales en Panamá.
En
las publicaciones más autorizadas se habla de doce instalaciones militares
utilizadas por Estados Unidos en ese país.
El
pretexto ahora es la lucha contra las drogas. Lo utilizan para explicar, por
ejemplo, su interés por las dos costas.
La
demagogia se ve de lejos…
Otros
jefes
Hay
que hablar en pasado de una ofensa imperdonable, y en presente de una amenaza.
En
1989, fue Bush quien emitió la orden, pero hay que repetir que Colin Powell,
como jefe de Estado Mayor Conjunto, supervisó desde Washington la canallada.
400
bombas fueron lanzadas en las primeras horas. El secretario de Defensa era Dick
Cheney, quien durante el gobierno de George W. Bush (Bush hijo) fue
vicepresidente.
Juan
Carlos Varela, actual presidente de Panamá, sigue la línea de sus antecesores
(Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y
Ricardo Martinelli), pues favorece el incremento de la presencia militar
yanqui, y todo indica que negocia a espaldas de su pueblo.
Hay
que citar nombres y apellidos, porque el imperialismo asigna su papel a
halcones y lacayos.
De
cara
En
el 27 aniversario de la invasión a Panamá, hay que expresar respeto por las
víctimas de los marines. Pero es preciso también denunciar la amenaza imperialista
contra Venezuela.
En
el intento de revertir el avance político en todo el continente, el
imperialismo busca ahora debilitar los organismos regionales de integración.
La
agresión en Argentina a la canciller venezolana Delcy Rodríguez es un acto de
provocación, y se inscribe en el intento de someter al control imperialista
organismos como el Mercosur.
Los
gobiernos ultraderechistas de Argentina y de Brasil, y el gobierno de Paraguay
(nacido del proceso iniciado con el derrocamiento de Fernando Lugo), merecen el
rechazo de nuestros pueblos. Los gobernantes de Uruguay deben reconsiderar su
postura, porque está en juego la continuidad del avance político en la región.
En 1989 el poder hegemónico se propuso recuperar el
control sobre Panamá y realizó esa grosera invasión. Hoy, ensaya las más sucias
maniobras para instalar gobiernos títeres en todo el continente.
Para
honrar a los mártires de El Chorrillo, no necesitamos conocer sus nombres, sino
reclamar, en nombre de Panamá, de América y de los pueblos del mundo, que cese
la agresión imperialista, y que los estrategas responsables de tropelías como
la invasión de hace 27 años sean juzgados, castigados y despojados del poder que
detentan.
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