FernandoBermúdez /Comités Oscar Romero de Europa
El pasado 29 de diciembre se conmemoraron los 20 años de la firma de la Paz en
Guatemala. Sin embargo, persiste la violación sistemática de los derechos
humanos.
De un modo particular nos fijamos en San Marcos. Agentes de
la Policía Nacional Civil, detuvieron injustificadamente en San Pablo,
departamento de San Marcos, al líder comunitario Fausto Sánchez Roblero, quien
por más de dos años se encuentra encarcelado, y sigue en la cárcel a pesar de
que el Tribunal de Sentencia Penal, Marcos lo ha absuelto de todos los cargos
en las causas penales que siguen en su contra.
Ante la detención arbitraria de Fausto Sánchez y sin haber
cometido delito o falta alguna, la población de San Pablo se manifestó,
expresando su inconformidad. Como medida de reacción y represión a la población
la fuerza pública al azar detuvo a seis personas más, entre los detenidos una
mujer madre soltera de cuatro hijos.
Este es un caso, entre tantos, de la sistemática
criminalización de líderes comunitarios, tergiversando la organización social de
los pueblos indígenas y sus autoridades, atacando la legítima y legal protesta
social. Sorprende que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado esté llevando
casos de autoridades indígenas legitimados por su comunidad. La persecución no
cesa en contra de líderes sociales.
Las autoridades guatemaltecas y empresas multinacionales
persiguen y encarcelan a los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
Detuvieron a un anciano de 74 años,
Lorenzo Ramírez Rodríguez, autoridad comunitaria, quien encarcelado desde más
de un año, está luchando en contra de su ceguera total, sin recibir la oportuna
atención médica - desde febrero 2015 está pidiendo apoyo médico y hasta la
fecha no ha recibido la cirugía. Condiciones que son un claro testimonio del trato
cruel e inhumano.
Hay resoluciones judiciales ilegales al decretar medidas
sustitutivas que restringen a los criminalizados sus derechos. Les prohíbe denunciar
los abusos de la empresa Hidrosalá Sociedad Anónima que realiza proyectos
extractivos.
Es por eso que exigimos la liberación inmediata e
incondicional de todos los presos políticos, particularmente de los 11 detenidos
de San Marcos: María Maribel Díaz Gómez, Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón
Mauricio Guzmán, Bruno Emilio Solís Pérez, Nery Edilmar Santos López, Heriberto
Evelio Santos López, Fausto Sánchez Roblero, Alfonso Chilel Hernández, Lorenzo
Ramírez Rodríguez, Irineo Plutarco Clemente Pérez y recientemente también
Licardie Duarle Fridolino.
Exigimos el respeto a las comunidades, indígenas mames y sus
derechos colectivos, el derecho a la consulta, especialmente en el marco de
bienes naturales y proyectos empresariales de minería que persiguen intereses
particulares y no el bien común. Urgimos el cese a la persecución
penal en contra de 3 autoridades ancestrales y líderes sociales con medidas
sustitutivas: Oscar Sánchez Morales, José Mauricio López Escobar y Evelio
Velásquez Ramos.
No puede haber
paz si no hay respeto a los derechos humano, particularmente de las comunidades
indígenas.
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