La Reforma Agraria es una obligación moral de los gobiernos
Papa Francisco
“debemos
derrotar el modelo agrícola impuesto por las corporaciones del
agronegocio, que apoyado por los capitales financieros internacionales y
basado en monocultivos transgénicos, uso masivo de agrotóxicos y
expulsión de campesinas y campesinos del campo, es el principal
responsable de las crisis alimentaria, climática, energética y de
urbanización”
La
tierra, el pan y paz son una trilogía de reivindicaciones populares que
atraviesan nuestra historia. Tanto las transformaciones luteranas que
tuvieron una fuerte base campesina como la revolución rusa o china, son
ejemplos de revoluciones que se arraigan originalmente en esas consignas.
América
Latina, desde la conquista en adelante, está atravesada por esa disputa.
La disputa material por la tierra, y también su dimensión ética y espiritual
sobre cómo la concebimos: la cosmovisión.
Para
las diversas filosofías originarias, la tierra es nuestra madre, nosotros
pertenecemos a ella, y el usufructo de sus bondades es colectivo, comunitario y
necesariamente respetuoso con la integralidad de la naturaleza.
Por
todo esto, en América al menos, es difícil pensar en el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos, económicos sociales y culturales, sin satisfacer el
derecho al uso de la tierra, pensando a la misma como un patrimonio colectivo
cuyo fin es garantizar el vivir bien. Podemos asegurar que al despojarnos
de la tierra y el territorio, se nos arrebata parte de la identidad. Otro
derecho fundamental.
Lamentablemente
en los últimos años, según la FAO, en América Latina se visualizan “intensos
procesos de concentración y extranjerización de tierras”[1].
Durante
más de 500 años, los pueblos indígenas han
resistido la ofensiva imperialista, que no solo desconoce la cultura y
espiritualidad sino que además, en términos del derecho liberal, despojó a los
pobladores de sus legítimos derechos de uso y posesión de la tierra.
En
el sur del Continente hace 200 años, en el marco de las revoluciones por la
independencia de España, Artigas, de la mano de campesinos, charruas, guaraníes
y negros, lanzó el Código de tierras y bajo la
consigna de “Tierra para los nadies” distribuyó, entre los sectores populares,
las tierras confiscadas a los terratenientes con la condición de que se
radiquen y trabajen en ella. Podemos afirmar que la función social de la
tierra era parte del proyecto histórico de la Patria Grande.
100
años después, en México, Emiliano Zapata y Pancho Villa sentaron las bases de
la Reforma Agraria,
“La Tierra para el que la trabaja”, logrando el reconocimiento de la tierra
comunal, fuera del mercado liberal. Estas conquistas, al no lograr
profundizarse en transformaciones estructurales de la sociedad, fueron quedando
subordinadas a los intereses de las burguesías y las ofensivas coloniales.
Derroteros similares en Chile y Nicaragua con sus contrarreformas.
La
Reforma Agraria
cubana, realizada en el marco de la revolución socialista, no solo perduró,
sino que continúa profundizándose actualmente con la distribución de la tierra
para desarrollar agricultura
campesina y agroecológica. Fue en parte gracias a esa Reforma Agraria que
los cubanos resistieron al bloqueo sin desnutrición. En Bolivia, el
Gobierno de Evo y los movimientos campesinos indígenas originarios
distribuyeron 62,8 millones de hectáreas[2] bajo diversas formas de propiedad
para campesinos indígenas y agricultores familiares, asignando el 43% de las
mismas a las mujeres. Estas políticas de Cuba y Bolivia se dan a
contracorriente de un proceso de concentración de la tierra que vive nuestro
continente.
Crisis y nueva ofensiva imperialista sobre la tierra
Actualmente,
en el marco de la crisis del capitalismo, que no
es solo económica y financiera, sino que es crisis alimentaria, energética y
climática, la disputa por la tierra adquiere nuevas características.
En
la división internacional del trabajo y la producción que plantea el capital,
nuestro continente debe producir materias primas y principalmente commodities.
Disponiendo de enormes masas de capital, derivadas del sistema financiero y sus
burbujas, las corporaciones transnacionales invaden nuestros territorios con el
objetivo de subordinar nuestra tierra a sus intereses. Si bien es una
historia y procedimiento que viene desde los tiempos de la Colonia, en la
actualidad, la velocidad de despojo y de transformación de los territorios es
impresionante.
Y
es que es tal el caudal de capital que manejan estas corporaciones, que en
pocos días pueden transformar miles de hectáreas de bosques nativos y diversos
donde viven y producen alimentos decenas de
familias campesinas, en un manto verde de monocultivos transgénicos, que
producen mercancías para la especulación en el mercado global de alimentos.
Se
calcula que en los últimos 30 años se han talado en América Latina cerca de 2
millones de kilómetros cuadrados de bosques, lo que equivaldría a una
superficie mayor que la de México.
Este
es el proyecto global del capital financiero para la agricultura y el agronegocio,
que disputa hoy la tierra con la vida campesina indígena y nuestro proyecto
histórico de producción de alimentos para los pueblos, que
denominamos Soberanía Alimentaria.
Tecnología como mecanismo de subordinación
A
partir de la base de una gran diversidad biológica, producto de más de 10 mil
años de agricultura
campesina indígena, las corporaciones desarrollan una tecnología que les
permite controlar la agricultura y su renta; se basa en consolidar un sistema
de propiedad intelectual y patentes sobre las especies agrícolas, de la mano de
los transgénicos. En los hechos, se privatizan las semillas y las
variedades agrícolas que son patrimonio de los pueblos. Esta
tecnología permite reducir el trabajo en el campo aumentando el uso de agrotóxicos, además
de fusionar el mercado de semillas transgénicas con el de plaguicidas que se
hacen interdependientes.
Al
consagrarse esta tecnología, un
puñado de corporaciones transnacionales, entre ellas Monsanto, Bayer, Syngenta,
Dreyfus, Cargill, ADM, controlan
los mercados de semillas, de agrotóxicos y de
granos.
La
concentración del mercado y el entramado que existe entre las corporaciones,
bancos y fondos de inversión, permiten que se establezcan altísimos precios
para los commodities,
precios que no responden a la oferta y demanda, ni a costos de producción, sino
que están sujetos a la especulación.
Estos
altos precios, por un lado impactan en los alimentos en general,
agravando la crisis alimentaria global, que, según ETC Group, afecta a más de
2000 millones de subnutridos en el mundo.
Bajo
este esquema, los alimentos se
convierten en mercancías, y cada vez resulta más difícil acceder a ellos.
Según la FAO, más del 40% de los alimentos que circulan por esta cadena
agroalimentaria se desperdician.
En
términos de renta, quienes se llevan las grandes porciones de este modelo
agrícola son las corporaciones, mientras que a los Estados y empresarios
locales les dejan una mínima porción de la misma; sin embargo estos elevados y
desproporcionados precios de los commodities, han
jugado un papel de seducción y condicionamiento de los gobiernos en América
Latina, pues al facilitar el desarrollo de la agricultura
industrial se perciben altos ingresos por concepto de divisas que tanto
requieren los países en desarrollo para equilibrar sus balanzas de pago.
Pero
el costo que se paga es demasiado alto, pues se producen transformaciones
estructurales que vuelven a nuestras democracias muy vulnerables: millones de
familias despojadas de sus tierras viven
concentradas y hacinadas en megalópolis, en las cuales no hay trabajo ni
vivienda para todos y los gobiernos progresistas se ven obligados a generar
planes de asistencia para paliar el hambre y la indigencia.
Violencia
Los
movimientos campesinos, organizados para resistir esta embestida, sufrimos la
violencia, criminalización y, en muchos,casos, la muerte.
El
22 de julio comienza el juicio por la masacre de Curuguaty, en Paraguay, donde
un agroempresario se apropió de una propiedad del Estado y cuando los
campesinos quisieron recuperarla, fueron emboscados y masacrados; 11 campesinos
murieron, sin embargo en el juicio, solo hay campesinos acusados. Esto
muestra cómo el poder judicial y las fuerzas represivas están en función de los
intereses del capital transnacional y sus socios locales.
Fue
la masacre la que terminó con la presidencia de Fernando Lugo. Allí en
Curuguaty, fue donde por esos caprichos de la historia terminó sus días Artigas
en el exilio, tras la derrota de su proyecto de Patria Grande.
Más
de 100 dirigentes campesinos han sido asesinados en Honduras. Mapuches,
líderes campesinos y sindicalistas del campo están presos políticos en las
cárceles de Chile, Paraguay, Colombia, México, entre otros.
Solo
algunos ejemplos del hostigamiento que padecen quienes asumen luchar por los
derechos campesinos indígenas en nuestro continente, en democracia o en
dictaduras, y producto de esta ofensiva por la tierra y por el modelo de
producir alimentos.
La
violencia puede tener cara paramilitar, o ejército, traducirse en desalojos, o
trabajo esclavo, o de fumigación con agrotóxicos.
En los años 2013 y 2014, la CLOC VC, presentó informes regionales ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se visualiza un
patrón común entre las violaciones a los derechos de las campesinas y
campesinos, el avance de las corporaciones transnacionales y su proyecto de
agricultura en la región.
Agricultura campesina indígena: Base para la Soberanía Alimentaria
Contra
todo relato “científico” de las corporaciones el agronegocio no es más
eficiente en términos energéticos que la agricultura campesina, al contrario,
mucho más ineficiente. ETC Group muestra en diferentes análisis que la
agricultura campesina agroecológica utiliza hasta 30 veces menos energía para
producir un kilo de maíz o arroz comparando con el paquete tecnológico que usa
la agricultura industrial en EE.UU. El mismo informe indica que con tan
solo ¼ de la tierra agrícola mundial, la agricultura campesina alimenta a más
del 70% de la población global.
Es
evidente que hoy la lucha por la tierra no se reduce solo al derecho de las
personas a resistir o acceder a la misma, sino que se disputan, además, dos
formas de concebir la agricultura y la función de la misma.
El
proyecto imperialista busca perpetuar el colonialismo y el saqueo de la mano de
la agricultura industrial, poniendo la tierra en función de los intereses del
capital financiero. Las burguesías regionales están subordinadas a este
proyecto.
El
proyecto popular, en cambio, requiere de soberanía
alimentaria, como condición para profundizar la democracia y
construir la independencia definitiva.
La
Soberanía
Alimentaria solo es posible de la mano de la agricultura campesina indígena
y del desarrollo de la agroecología.
Es
necesario impulsar un proceso de Reforma Agraria
Integral y Popular en todo el continente, que permita volver a darle función
social a la tierra.
Hablamos
no solo de tierra para los que viven en el campo, sino también de la vuelta al
campo de los millones de migrantes y excluidos de las ciudades.
Esta
Reforma Agraria
Integral y Popular consiste en:
- - Democratizar la tierra: garantizando el derecho de todos los trabajadores a acceder a la tierra para vivir y producir en ella. Garantizar la permanencia en la tierra de las familias campesinas indígenas. Facilitar mecanismos de acceso a la tierra para todas las familias. Garantizar el reconocimiento y restitución de territorios a los pueblos indígenas. Expropiar todas las tierras que no cumplen su función social, así como las tierras de las corporaciones y bancos extranjeros y fondos de inversión y especulación y utilizarlas para el asentamiento de familias sin tierra. Establecer límites máximos a la propiedad de la tierra, y suprimir el cobro de arrendamientos y renta por el uso de la tierra.
- - Nueva organización de la producción agrícola: La prioridad debe ser la producción de alimentos saludables para el mercado interno y local, sin agrotóxicos, sin semillas transgénicas, bajo el principio de Soberanía Alimentaria, promoviendo la cooperación y la asociación cooperativa, fortaleciendo el trabajo comunitario y su relación con empresas públicas. El Estado debe regular los mercados y garantizar precios justos a los agricultores y los consumidores, estableciendo programas de compra de la producción y de mercados populares que quiebren los monopolios de las corporaciones.
- - Tecnología apropiada: Se debe promover y desarrollar la agroecología como tecnología para la producción agrícola, bajo los objetivos de aumentar la productividad del trabajo y de la tierra, en equilibrio con la naturaleza. Deben prohibirse toda forma de propiedad intelectual o patente sobre semillas y bienes naturales. Promover el desarrollo de energías renovables y soberanía energética local en todas las comunidades.
- - Agroindustria: Requiere el desarrollo de agroindustrias campesinas locales, de manera de agregar valor a la producción y generar trabajo en el campo. Deben existir políticas públicas y recursos destinados a promover en todas las comunidades que la renta de la industria quede para los campesinos y las comunidades rurales.
- - Infraestructura y desarrollo rural: Es imprescindible la educación y la salud de calidad en el campo, así como la infraestructura comunitaria, caminos, centros integradores y conectividad para mejorar la calidad de vida en el campo.
- Políticas públicas: El Estado debe generar instituciones sin burocracia que
establezcan estos programas agrarios, con créditos y subsidios suficientes,
asistencia técnica y mecanismos de regulación, control y sanción a las
corporaciones y oligopolios.
Este
proyecto para la agricultura no será posible solo a partir de las luchas
campesinas indígenas; es necesario que forme parte del proyecto popular y que
la clase trabajadora, los sectores populares del campo y la ciudad se
comprometan con el mismo. Solo una lucha unitaria nos abrirá paso a las
transformaciones que los pueblos necesitamos.
Democracia, igualdad y paz: La esperanza de la Patria Grande
UNASUR
y la CELAC representan una ruptura en la historia colonial y una esperanza para
nuestros pueblos; recuperamos el proyecto histórico de la Patria Grande, y en
ese contexto debemos preguntarnos:
¿Es
posible la emancipación sin Soberanía
Alimentaria? ¿Es posible profundizar nuestras democracias de la mano de las
corporaciones? ¿Es posible la justicia en territorios dominados por las lógicas
del capital financiero?
La
ofensiva política del imperialismo utiliza el desabastecimiento de alimentos
como un arma letal. Vemos cómo esta herramienta anticipó el golpe a
Salvador Allende, cómo es utilizada hoy en Venezuela, cómo en Argentina los
monopolios alimentarios presionan al aumento sistemático de los precios de los alimentos.
Sin duda, condicionan a los procesos democráticos.
Por
eso afirmamos que solo será posible profundizar la integración y construir un
proyecto popular latinoamericano, si consolidamos la Soberanía
Alimentaria. Y esto solo es posible con una profunda Reforma Agraria
Integral y Popular que recorra todo el continente y vuelva a poner a la tierra
en las manos de la agricultura campesina en función del Buen Vivir de nuestros
pueblos.
Diego
Montón y Deo Carrizo son integrantes de la Secretaría de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina (CLOC-VC).
*
Artículo publicado en la edición 505 (junio 2015) de la revista América Latina
en Movimiento, sobre “Francisco y los
movimientos populares: Tierra, Techo y Trabajo”. http://www.alainet.org/es/revistas/170627
[1]
Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la Tierra en América
Latina y el Caribe – FAO: http://www.fao.org/3/a-i3075s.pdf
[2]
Según informe 2014 de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia
Ecoportal.net
Alainet
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