La Policía Nacional Civil ha capturado a cuatro de 17 militares acusados
por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas ocurrido en noviembre de 1989.
Tres de las capturas ocurrieron horas después de que una corte de Estados
Unidos confirmara la extradición hacia España del exviceministro de Seguridad,
Inocente Orlando Montano, para enfrentar un juicio abierto en la Audiencia
Nacional.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a cuatro de 17 de los
militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido
el 16 de noviembre de 1989, luego de un amplio operativo iniciado en la noche
del 5 de febrero "en cumplimiento de la notificación roja emitida por
Interpol" y ordenada por la Audiencia Nacional de España.
Tres de las cuatro capturas ocurrieron durante los allanamientos realizados
a las viviendas de los militares en la noche del viernes. La PNC confirmó a
través de su cuenta oficial en la red social Twitter la detención de un cuarto
soldado, exmiembro del Batallón Atlacatl, en la mañana del sábado 6.
La captura de los militares ocurre
exactamente un mes después de que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional
reiterara la vigencia de una alerta roja con difusión internacional a la
Interpol. El 5 de enero, Velasco envió una copia de la órdenes de captura a la
PNC para que estas se hagan efectivas en territorio salvadoreño. Esta fue una
reiteración a una primera orden girada a mediados de 2011 que fue frustrada
cuando los militares lograron refugio en un cuartel de la Fuerza Armada Salvadoreña,
comandada entonces por Mauricio Funes, el primer presidente de izquierdas en el
país.
A las 9:30 de la noche del viernes 5, Lisandro Quintanilla, abogado de 13
de los 17 militares, confirmó a El Faro que la PNC realizó allanamientos y
que "la única persona que tengo claridad de que ha sido capturado es Tomás
Zárpate Castillo", dijo. La PNC ha confirmado, además, el arresto del cabo
Ángel Pérez Vásquez, el subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y el
coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.
De los cuatro aprehendidos, ninguno
figuraba en el Estado Mayor y el Ministerio de la Defensa del gobierno de
Alfredo Cristiani (1989-1994), conformado en 1989 por oficiales de alta
graduación salidos de la promoción "la Tandona" (graduada en 1969), y
contra quienes la Audiencia Nacional procesa una acusación que los señala como
autores intelectuales del crimen. Los cuatro capturados sí figuran dentro de
una lista de 10 militares acusados en un proceso judicial celebrado en El
Salvador, entre 1991 y 1992. Ese juicio fue duramente cuestionado por
organismos de derechos humanos y por los primeros dos fiscales que participaron
del caso por una serie de
vicios e irregularidades de parte de la Fiscalía.
De los cuatro capturados solo el coronel Benavides era miembro de la
promoción de "la tandona". Según el juicio de 1991, Benavides
era director de la Escuela Militar y fue el único que no estuvo fisicamente en
el interior de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA), lugar en el que nueve soldados del Batallón Atlacatl llevaron a
cabo el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica
y la hija de esta. El coronel fue acusado de haber dado la orden a los tenientes
que dirigieron el operativo y fue condenado a 30 años de prisión. Tras la
aprobación de la ley de amnistía de 1993, Benavides fue puesto en libertad.
El sargento Tomás Zárpate Castillo, en el juicio salvadoreño, fue absuelto
por el jurado pese a que en su confesión extrajudicial aceptó su participación
en el crimen. En concreto, Zárpate dijo haber disparado a las mujeres Elba y
Celina Ramos "hasta estar seguro de que estaban muertas".
En su confesión extrajudicial ante la Comisión Investigadora de Hechos
Delictivos, el subsargento José Antonio Ramiro Ávalos Vargas admitió haber
asesinado a los sacerdotes José Amando López y Juan Ramón Moreno. Aunque el
jurado escuchó esa declaración extrajudicial, Ávalos Vargas no la ratificó y
también fue absuelto.
El cabo Ángel Pérez Vásquez, el último de los detenidos confirmado por la
PNC, confesó haber disparado contra el padre Joaquín López y López y, ya
herido, haberlo rematado, según la declaración extrajudicial del juicio de
1991. Aquel jurado también lo absolvió de todos los cargos.
"Si no los han
encontrado es porque no están en sus viviendas"
El paradero del resto de involucrados es desconocido, mientras la PNC
asegura que continúa "el operativo para la ubicación y detención del resto
de personas requeridas". En la noche del viernes 5, policías y agentes de
la Interpol desplegaron un fuerte operativo en la Colonia Arce de la capital,
cercana al Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña y conocida como la
"colonia de los militares". En la zona, la policía bloqueó las salidas
de las viviendas de los requeridos con carropatrullas, pero según declaró el
abogado Quintanilla, en ese lugar no se efectuaron más detenciones: "si no
los han encontrado es porque no están en sus viviendas", dijo.
Residencia de Carlos Mauricio Guzmán
Aguilar en la Col. General Arce en San Salvador.
Quintanilla declaró que desconoce si ya han sido capturados el resto de los
militares, hacia dónde serán trasladados ni bajo las órdenes de cuál juez serán
remitidos. Cerca de la medianoche, familiares de uno de los capturados en el
municipio de Colón, La Libertad, acudieron a las instalaciones de la División
Central de Investigaciones de la policía para preguntar por su pariente. Los
familiares, que no quisieron identificarse ni dar el nombre del detenido,
denunciaron maltrato durante el allanamiento, que la PNC no mostró la orden de
captura y pidieron un trato justo. "Que no los traten como animales",
dijo un hombre de unos 35 años de edad, quien aseguró ser familiar de uno de
los detenidos. En la DCI no confirmaron ni negaron que ahí estuvieran
resguardados los militares.
Los operativos de captura contra los militares son el primer paso que
España necesitaba cumplido antes de pedir una extradición a la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) salvadoreña. Al respecto, Quintanilla señaló que la extradición
"no procede".
Un magistrado de la CSJ -que accedió a hablar solo desde el anonimato- dijo
a El Faro que la Corte Plena (compuesta por 15 magistrados) está a la espera de
que la PNC remita al órgano judicial a los militares detenidos para luego
designar un juez administrador del proceso. Una vez que España solicite la
extradición, la Corte Plena deberá deliberar si esta procede o no.
"Ahora estamos por fin en un juego de valientes. Cara acara. Ahora la
Corte tendrá que responder y cabe la posibilidad de que por fin se pueda
resolver sobre el fondo de una solicitud de extradición", declaró vía
telefónica, desde Estados Unidos, Almudena Bernabeu, abogada del Centro para la
Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), la organización
querellante en el caso abierto ante la Audiencia Nacional de España.
"Si se confirman que la PNC ha admitido la alerta roja como una orden
de captura, esto significa cumplir con la legalidad internacional y saca el
caso del ámbito de lo político, del que hace tiempo debió salir, y lo lleva por
fin al terreno hasta ahora inexplorado de lo jurídico", añadió la abogada,
quien dijo estar emocionada y "sorprendida" con la noticia del
operativo.
La Policía pudo haber detenido a los
militares hace un mes, cuando el 5 de enero recibió la
reiteración de las órdenes de captura por parte de la Audiencia Nacional de
España.
"Dispongo reiterar a las autoridades de El Salvador de las órdenes de
detención de entrega que se encuentran en vigor de Inocente Orlando Montano,
Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco
Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar
Mauricio Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez,
Tomáz Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascencio, Guillermo Alfredo
Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor
Ulises Cuenca Ocampo, y Óscar Alberto León Linares", reza el escrito de
Velasco, con fecha del 4 de enero.
Hace dos semanas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
falló en contra del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy
ministro de Justicia y Seguridad), por no cumplir con su trabajo para capturar
a los militares.
El lunes 25 de enero, el procurador David Morales emitió una resolución en
la que sancionó que la institución y su exdirector se hayan ido por las ramas
para no ejecutar las capturas. "La respuesta de la PNC (...), en la que
expresaba que consultaría con la Corte Suprema de Justicia el criterio
aplicable para proceder o no a la captura de los imputados resulta
insatisfactoria, debido a que la Policía no puede supeditar su actuación en
este caso a la respuesta que le provea un ente distinto a la estructura a la
que está adscrita", señaló Morales, en alusión al argumento que esgrimió
la PNC para no actuar, pero que ha sido superado este 5 de febrero.
El sábado 6, por la mañana, Morales se pronunció a través de su cuenta
oficial en Twitter diciendo que "la PNC cumple con su deber, es una
buena noticia para la democracia". Morales también instó a la CSJ a fallar
a favor de la causa requerida desde España. "Corte Plena tendrá una
oportunidad histórica de colocarse al lado de la justicia", escribió.
También el presidente Salvador Sánchez Cerén se pronunció sobre el caso,
desde la ciudad de San Miguel, al oriente del país, diciendo que su gobierno
está "comprometido a cumplir normas internacionales" en alusión a la
difusión roja dela Interpol. El pronunciamiento de Sánchez Cerén llega tarde,
un mes tarde, y ante el desconocido paradero de 13 de los 17 militares
perseguidos por la PNC, el presidente les pide que se entreguen. "Mi
recomendación es que se entreguen a la justicia y que sea esta la que decida
sobre extradición", dijo.
Dos de los militares vinculados al crimen, y contra quienes también se
habían librado órdenes de captura en 2011, ahora están colaborando con la
querella bajo la figura de testigos criteriados, según confirmaron a El Faro
fuentes ligadas al proceso. Se trata del teniente coronel Carlos Camilo
Hernández Barahona, y del teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos, quienes ya
han testificado en el proceso, según las fuentes.
En 2001, en una entrevista concedida a
El Faro, Camilo Hernández Barahona ya había declarado que él supo de la
planificación del asesinato de los sacerdotes jesuitas y que colaboró con el
pelotón que ejecutó el crimen aportando una de las armas homicidas. "Sí, yo les dí el rifle para que mataran a Ellacuría", dijo Hernández
Barahona, condenado en 1992 a tres años de prisión por encubrimiento
real en el crimen, y amnistiado en 1993 gracias a la ley de amnistía.
Hernández, que era subdirector interino de la Escuela Militar al momento de los
asesinatos. Además de proveer un arma ordenó la destrucción de los archivos que
involucraban a los autores materiales, según concluyó en 1990 la Comisión
Investigadora de Hechos Delictivos.
Montano será
extraditado a España
Las capturas de este 5 de febrero ocurren horas después de que la jueza
Kimberly Swank, de la corte distrital de Carolina del Norte, Estados Unidos,
resolviera que el coronel Inocente Orlando Montano, otro de los procesados por
el caso jesuitas, sea extraditado a España para enfrentar el juicio en su
contra, como lo pidió el gobierno de Estados Unidos en abril de 2015 en una
petición formal.
Montano fue detenido en 2011, en el estado de Virginia, donde residía, con
cargos por fraude migratorio. El militar mintió en la información que presentó
a las autoridades para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus
siglas en inglés). En 1989, cuando ocurrió el crimen de los
jesuitas, Montano era el viceministro de seguridad pública durante el gobierno
de Alfredo Cristiani.
La jueza Swank tenía en estudio la posible deportación de Montano hacia El
Salvador, donde algunos de sus viejos compañeros de armas permanecían
refugiados hasta este viernes 5, pero el jueves 4 decidió darle trámite a
la solicitud de extradición que hizo España en noviembre de 2011 al gobierno de
Estados Unidos. Este último finalmente decidió acuerpar la solicitud y la envió
al juzgado de Carolina del Norte en abril de 2015.
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