“No son casos aislados, en
todas partes cuecen habas”, ha afirmado Joan Martínez Alier. Alier es el coordinador del Atlas de Justicia
Ambiental, un proyecto que nació en la Universidad Autónoma de Barcelona
con el que se pretende visualizar los diferentes conflictos sociales
desarrollados en torno al medio ambiente en todo el mundo. Un “work in
progress”, según ha señalado Alier, en el que se han recopilado hasta
ahora 1.729 conflictos repartidos por todo el mundo y que en
los próximos cinco años esperan que reúna hasta 3.000 casos gracias a una
subvención de 2 millones de euros del Consejo de Investigación Europeo.
Extracción de minerales, de gas, de
petróleo. Pero también en relación con el transporte, el derecho al territorio,
las plantaciones de soja, la gestión de los residuos o las fumigaciones con
glifosato. “Hemos visto también las expresiones y vocabularios que utilizan los
movimientos, como la ‘sand mafia’ en India. El atlas permite, por el
momento, búsquedas de conflictos por países, por la mercancía o tema objeto del
conflicto –el derecho al territorio es el tema con más conflictos relacionados
por todo el mundo, con 495 casos mostrados en este mapa, seguido por el agua,
con 300 casos–, o por empresas –Shell, Nigerian
Petroleum Corporation y Chevron son las que aparecen con más
conflictos relacionados–.
También está planeada la publicación de mapas
transversales sobre conflictosrelacionados con los residuos en el que se
incluyan los casos sobre incineradoras de las cementeras o casos como el de
Bogotá, en donde lascooperativas de recolectores de basura
para reciclaje fueron sustituidos por una empresa de servicios, hasta que, tras
10 años de lucha, consiguieron que la Corte Constitucional les reconociera como
proveedores de este servicio público.
“En los tiempos que corren parece que no
hay salida, pero este mapa muestra el empoderamiento de la sociedad y el papel
que la sociedad civil toma”, ha señalado Samuel Martín-Sosa, responsable del
área internacional de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que ha
colaborado en la recopilación de casos que recoge este atlas. Martín Sosa ha
recordado también a la activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada hace dos meses a raíz
de su lucha contra la construcción de una presa en Honduras. “Casos como éste
pasan a diario”, ha lamentado el activista.
España en el atlas
“En España, el movimiento ecologista
eclosionó, sobre todo, a partir de la transición”, explica Amaranta Herrero,
coordinadora de los casos españoles. En este momento, el atlas muestra 59
conflictos en el Estado español. “Sonconflictos que cuentan historias,
muestran a la sociedad civil como un motor de cambio social y ambiental que
contrarresta con tener un gobierno anclado en concepciones anacrónicas”, señala
Herrero, quien explica que los casos recogidos en el atlas son un
“botón de muestra”.
Dos de los casos españoles mostrados en
España, ambos en la Comunidad de Madrid, son el del desdoblamiento de la
carretera 501 y el de la incineradora de Morata de Tajuña.
“El desdoblamiento de la
carretera 501 en una de las zonas más valiosas a nivel medioambiental
es uno de los casos más emblemáticos de la lucha ecologista”, explica Ángeles
Nieto, de Ecologistas en Acción. Nieto señala que el conflicto se remonta al
año 1996, cuando la Comunidad de Madrid decide desdoblar esta vía. Aunque el
proyecto fue bloqueado a nivel legal, en 2006. “En esos años, estábamos en
pleno boom de la economía española. Las infraestructuras se construían fueran
necesarias o no”, recuerda Nieto, quien apunta que las personas que se
opusieron al proyecto fueron tachadas hasta de “asesinos”. “La presidenta de la
Comunidad de Madrid nos recriminó que nos importaran más los pajaritos que las
vidas de las personas, aportando datos falsos sobre accidentes en esa carretera”.
Cuando en 2008, desde Ecologistas en
Acción solicitaron la paralización de las obras, el Tribunal Superior de
Justicia les pidió una fianza de cerca de 500.000 euros. “Hicimos una recogida
de dinero, pero la Comunidad de Madrid aceleró las obras y éstas terminaron
antes de que reuniéramos el medio millón de euros. Nos encontramos en una situación
de victoria moral: la carretera está construida y pedimos que se
desmantele, que se aplique la sentencia”.
El de la incineradora de Morata de
Tajuña es el otro caso expuesto durante la presentación del atlas. “La
cementera ya llevaba algún tiempo, pero desde 2002 aumentó la lucha vecinal
porque con el boom de la construcción las emisiones habían aumentado. También
se supo de la intención de instalar una central térmica”, explica Nieto. Cuando
en 2013 cayó la construcción, la central de Portland Valderribas (FCC) bajó su producción de cemento. Para
reducir su gasto en combustible, lo sustituyó por la quema de residuos.
“Es como los famosos neumáticos de Seseña, Cospedal dice que durante su
gobierno se sacaron de ahí, pero porque fueron llevados a la cementera”.
A pesar de que informes, como el Atlas
de la Mortalidad, muestra cómo en este municipio, las muertes relacionadas con
problemas respiratorios son mucho mayores que la media española, no se ha
puesto freno a la quema de residuos de todo tipo. “La sensación es de un total
abandono”, lamenta Nieto.
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