Por José Antonio Bautista / lamarea.com
Los Presupuestos Generales del Estado no
reflejan partidas como los contratos de armas, las misiones en el exterior o
las actividades del CNI.
España destina mucho más dinero para fines
militares del que aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE). El gasto militar español se camufla en el ya clásico juego de ingeniería
contable que se remonta al gobierno de Felipe González y que tomó fuerza
durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy, a pesar de que este
último presume de haber recortado más en Defensa que en otras partidas más
sensibles para la opinión pública, como las destinadas a Educación y Sanidad.
La industria armamentística española
aparenta malestar. “Estamos a la cola respecto a nuestros aliados, el
descontento es general en la industria y en el seno de las Fuerzas Armadas”,
sostiene Eva Cervera, directora del grupo editorial especializado en defensa
Edefa. Los PGE de 2015 asignaron 5.634 millones de euros al Ministerio de
Defensa, un 22% menos comparado con los 7.258 millones de 2010, mientras que la
partida para Sanidad en ese periodo cayó un 16%, de 4.573 a 3.812 millones.
Hasta ahí la versión oficial. Lo que los Presupuestos no muestran es
que a finales de 2015 el gasto militar de España ascendió a 17.444 millones,
según los cálculos del Centro Delàs de Estudios por la Paz a partir de datos
oficiales. O lo que es lo mismo, una cifra que triplica la cantidad
presupuestada para Defensa.
¿Por qué el gasto superó en 12.000
millones la partida inicial? La Ley General Presupuestaria establece que los
presupuestos nacionales deben recoger todos los compromisos adquiridos y
previstos por el Gobierno y los ministerios. No obstante, año tras año el
Ejecutivo deja fuera de este criterio los contratos armamentísticos que se van
acumulando desde la última legislatura de Felipe González, así como las
misiones en el exterior, el presupuesto de la Guardia Civil, los préstamos a
interés cero para I+D con fines militares, los intereses de deuda pública
relativa a Defensa, las pensiones militares (única partida que disminuyó en
2015) y las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo
ahora adscrito a la Presidencia del Gobierno donde el 60% de los empleados son
militares.
Fue González quien al final de su
mandato puso en marcha los dos primeros contratos de los Programas Especiales
de Armamento (PAE) para modernizar el material bélico del Ejército. Actualmente
este plan cuenta con 22 programas de adquisición de armas cuyo coste total
asciende a 30.076 millones de euros, de los cuales España aún debe 21.389
millones. El 87% de estos contratos se firmaron bajo la batuta de Aznar,
mientras que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, prolongó su vigencia
hasta 2030.
La directora de Edefa reconoce que esta
“artimaña” responde a “lo impopular del gasto en Defensa en este país”, pero
opina que es “necesaria para responder a los compromisos adquiridos”. Expertos
del Centro Delàs denuncian la opacidad de estos acuerdos y su falta de
vigencia, pues fueron diseñados en un contexto geopolítico muy
diferente al actual.
Cada año el gobierno aprueba por decreto
ley el pago de los PAE, por lo que no figuran en los Presupuestos Generales.
Morenés reconoció recientemente que “el respaldo a la industria española de
Defensa (…) es un acicate para quienes tenemos una responsabilidad política en
el mismo”. Este apoyo se traduce en que 97 de cada 100 euros de los PAE van
destinados a cuatro empresas, tres de las cuales (Santa Bárbara Sistemas,
Navantia y CASA) eran públicas hasta que Aznar ordenó su privatización. Al
igual que sucedió tras la privatización de Telefónica, Endesa y otras compañías
de propiedad estatal, estos fabricantes de armas pasaron a formar parte del
circuito de puertas giratorias del que se benefician altos mandos militares y
políticos.
Una larga lista de puertas giratorias
Santa Bárbara Sistemas, fabricante de
carros de combate, fue vendida en 2001 a la estadounidense General Dynamics.
Entre 2010 y 2013 estuvo presidida por Carlos Villar Turrau, militar con larga
experiencia en las altas instancias del Estado, incluida la Dirección General
de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el órgano responsable de
realizar las compras del Ejército.
Entre los innumerables casos de puertas
giratorias también figura el de Adolfo Menéndez, antiguo subsecretario de
Defensa y actual presidente de la patronal armamentística española, TEDAE,
labor que combina con el cargo de consejero representante del gobierno en INDRA,
un peso pesado de la industria militar española. Otro salto de la vida pública
al mercado de la guerra es el del ex ministro Eduardo Serra, padre intelectual
de los PAE a quien Aznar otorgó la cartera de Defensa. Actualmente Serra
preside Everis, consultora especializada en industria armamentística que cuenta
con consejeros como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, investigado por su
presunta relación con los paramilitares. También Francisco Torrente Sánchez,
almirante de la Armada y exsecretario de Defensa, fue nombrado en 2006
presidente de Expal, empresa que fabrica municiones y explosivos donde también
ocupó un alto cargo Jesús del Olmo Pastor, antiguo director adjunto del
servicio secreto por entonces conocido como CESID (el actual CNI).
Pedro Morenés, ministro
de Defensa con Mariano Rajoy, es uno de los políticos que más saltos ha dado
entre la administración pública y la industria armamentística, tal y como
detalló el año pasado La Mareaen un artículo titulado Pedro Morenés, el comercial armamentístico
indispuesto.
Desde que obtuvo la cartera ministerial, Morenés ha
firmado algunos de los contratos armamentísticos más onerosos de los últimos 20
años, a pesar del alto nivel de endeudamiento del departamento que dirige. Por
ejemplo, en 2015 negoció con Navantia la compra de una fragata F110 de 800
millones de euros, así como 350 vehículos piraña a Santa Bárbara y tres aviones
cisterna Airbus 330 con costes de producción y manutención que podrían superar
los 10.000 millones de euros en la próxima década. Tan solo en
sus tres primeros años al frente del ministerio, Morenés rubricó 32 contratos
con Instalaza y sus filiales, para las que trabajó en
calidad de consejero y representante antes de entrar en el gobierno.
El Ministerio de Defensa no ha
contestado a las peticiones de esta publicación para conocer mejor sus
criterios a la hora de adquirir armamento, pero un miembro de las Fuerzas Armadas
sí ha accedido a dar su opinión desde el anonimato. Una de las quejas de este
militar sobre el equipamiento que utiliza el Ejército recae sobre el HK G36, el
fusil reglamentario de fabricación alemana empleado por los soldados españoles
en sustitución del CETME.
El arma saltó a la fama en 2010, cuando el Ejército
alemán perdió a varios soldados en Afganistán debido a los problemas de
precisión que presenta por recalentamiento tras disparar dos cargadores. En
2015 el Ministerio de Defensa germano descubrió un defecto estructural en el
G36 que lo hace “inservible”, y empezó a sustituirlo. “En mi opinión el G36 no
es el más adecuado para el combate hoy en día (…). Es demasiado largo para
usarlo en combate urbano, entre puertas estrechas, ventanas. Como en todos
lados, aquí hay mucho mangante”, denuncia este militar, quien añade que a nivel
raso existe un malestar generalizado con las altas instancias. También señala
que “llega material nuevo que desaparece o se guarda tanto tiempo que cambian
de modelo”, y denuncia que muchos efectivos del Ejército no cuentan con
elementos esenciales, como los chalecos antibalas.
“La gente está empezando a perder el
miedo a hablar”, explican desde Ciudadanos de Uniforme, un colectivo que vela
por los derechos de los militares españoles desde el anonimato. También la
directora de Edefa, Eva Cervera, admite que “otro problema es el de la
inmovilización de materiales (…) por no tener dinero para su mantenimiento”. Y
matiza que, a pesar de los procesos de licitación para la compra de armas,
“desde arriba se pauta el volumen de material y ahí te las apañas, sin atender
a los requerimientos y necesidades reales”.
Préstamos millonarios a interés cero
El gasto de España en Investigación y
Desarrollo (I+D) para fines militares también queda fuera del presupuesto
nacional de Defensa, aunque sí se usa para mejorar la posición de España en los
ránkings internacionales de investigación. Todos los años la administración
pública concede, a través del Ministerio de Industria, préstamos millonarios a
los fabricantes de armas españoles a interés cero para que desarrollen los
prototipos militares que posteriormente compran el Ministerio de Defensa y
otros clientes. Las empresas receptoras de estos créditos sólo están obligadas
a devolverlos transcurridos veinte años, siempre y cuando hayan recibido el
pago de sus respectivos contratos en el marco de los Programas Especiales de
Armamento.
El Centro Delàs describe estos préstamos
como “ayudas encubiertas” a la industria armamentística, y
calcula que entre 1997 y 2014 ascendieron a 16.120 millones de euros. La I+D
militar española creció un 43,5% en 2014, mientras que la inversión en
investigación para fines civiles sólo lo hizo un 4,8%. A través del programa
464B, el ministro Morenés concedió en 2015 un nuevo préstamo para I+D militar
por valor de 468,14 millones de euros. Otro episodio oscuro del ámbito público
y de la seguridad nacional que la mayor parte de la población desconoce.
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