Por João Flores da Cunha / IHU y agencias Kaos en la Red
En una decisión tomada el día 13/07/2016, la Suprema
Corte de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la ley de amnistía
decretada en el país después del fin de su guerra civil (1979-1992). El
veredicto abre camino para la responsabilización de los involucrados en
violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.
La Corte se basó en convenciones y tratados
internacionales y en la Constitución del país para juzgar inconstitucional dos
de los artículos de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz
de 1993. De acuerdo con los magistrados, “la extensión de la amnistía es
contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección
de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las
víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos
de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario – DIH.”
La ley de amnistía general
La decisión atendió un pedido de órganos locales de
derechos humanos que cuestionaba la ley de amnistía de 1993, la cual fue
decretada por las autoridades del país cinco días después de la divulgación del
informe de la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes cometidos
durante la guerra civil. La corte señaló que la amnistía para todos los
crímenes contraría los acuerdos de paz qué finalizaron el conflicto, en los
cuales se establecieron garantías de justicia para las violaciones de derechos
humanos.
Los magistrados entendieron que los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles de acuerdo con el derecho internacional, y no
pueden ser objeto de amnistía. Según la Suprema Corte, la vigencia de la ley
impide que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar, juzgar y
reparar las violaciones de derechos fundamentales que significaron los crímenes
de la época.
La guerra civil en El Salvador
El conflicto de 12 años, marcado por la violencia extrema,
mató 75.000 personas en un país cuya población, hoy, es de 6,5 millones. La
guerra civil opuso el gobierno militar apoyado por EEUU y guerrillas de
izquierda. Estas se agruparon en una organización llamada Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional – FMLN. Hoy convertida en un partido político
el FMLN gobierna el país. El actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, es un
ex guerrillero.
En la decisión, la Suprema Corte enfatizó el carácter
sistemático de los crímenes por parte tanto de las Fuerzas Armadas oficiales
cómo de los rebeldes. El Salvador sufre altos índices de criminalidad hasta
hoy, siendo uno de los países más violentos del mundo.
En referencia a la decisión de la Suprema Corte, la
directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas,
declaró que “hoy es un día histórico para los derechos humanos en El Salvador.
Al dar la espalda a una ley que no hizo más que dejar que los criminales
escaparon de la justicia después de cometer graves violaciones a los derechos humanos,
el país está finalmente enfrentando su trágico pasado”.
La masacre de Ignacio Ellacuría y compañeros
La expectativa ahora es que, con la aprobación de la
ley, pueden ser juzgadas personas que cometieron crímenes de guerra y contra la
humanidad. El único juicio que avanzó es el de la masacre de los seis padres
jesuitas, junto con una doméstica y su hija, ocurrido en la Universidad
Centroamericana – UCA en noviembre de 1989. Los militares involucrados en el
crimen fueron apresados como consecuencia del proceso judicial en España, país
que cuenta con una ley de jurisdicción universal. Fueron asesinados los
religiosos padre Ignacio Ellacuría, padre Ignacio Martín-Baró, padre Segundo
Montes, padre Amando López, padre Juan Ramón Moreno, padre Joaquín López y
López, Julia Elba Ramos y Celina Meredith Ramos, estas últimas madre e hija.
El crimen es considerado un punto de inflexión en el
conflicto. A partir de él, aumentó la presión internacional para que las partes
dialogaran y firmarán un acuerdo para finalizar la guerra civil.
Amnistía en América Latina
Los conflictos armados y los regímenes dictatoriales
que se desparramaron por América Latina en la segunda mitad del siglo XX
dejaron marcas en el continente – entre ellas, la dificultad de llevar a la
Justicia a los responsables de los crímenes. Cada país lidió con la situación
de una manera particular.
En Brasil, la ley de amnistía de 1979 impide que los
involucrados en crímenes cometidos durante la dictadura sean responsabilizados
criminalmente. Hasta hoy, ningún militar fue condenado en el país por
violaciones de derechos que sucedieron al golpe de 1964. En 2010, el Supremo
Tribunal Federal – STF rechazó un pedido de la Orden de los Abogados de Brasil
– OAB para revisar la ley de amnistía.
Por otro lado, en la Argentina, los presidentes
militares fueron llevados a la Justicia. Jorge Rafael Videla, el comandante del
Ejército en la época del golpe de 1976, murió en prisión, en 2013, a los 87
años.
Por João
Flores da Cunha / IHU y agencias
Traducción: Mariana
Szájbély
http://www.adital.com.br/?n=czgs
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