Ter García/Diagonal.net
Desde las organizaciones civiles señalan que las deportaciones realizadas desde los CIEs, no superan el 1% de las personas que emigran |
Varios
agentes de policía te reciben y te hacen entrega de una fina colchoneta –parecida
a las que hay en los calabozos de las comisarías–, un juego de sábanas y
un pequeño kit de aseo. Te llevan a una habitación con literas que
compartes con entre cinco y siete personas más. Con un poco de suerte no
tendrás que conocer la sala de aislamiento durante los hasta 60 días que podrás
estar ingresado aquí. Acabas de llegar al Centro de Internamiento (CIE) de
Aluche, una de las nueve instalaciones que existen en el Estado español
destinadas a encerrar a las personas en situación irregular hasta que son
deportadas.
Los
CIE se crearon en España, a nivel legal, con la primera Ley de Extranjería de
1985, como uno de los escalones de una política migratoria que
pasa por la instalación de cuchillas para evitar el salto de la valla en
Melilla y Ceuta; convenios con países como Mauritania y Marruecos para la
gestión de centros de este tipo en su territorio; redadas por perfil étnico
dentro de nuestras fronteras –ordenadas por el Ministerio de Interior de Pérez
Rubalcaba en 2010– y por la posterior deportación.
En
su artículo 26.2, la Ley de Extranjería establece la "posibilidad de
acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso en
centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en
determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente".
Cuando, quince años más tarde, se puso en marcha el primer centro de
internamiento, sus instalaciones no parecían una cárcel, pero sí un
campo de concentración.
El
CIE de Tenerife, el primero a nivel estatal, abrió sus puertas en 1999 en las
instalaciones del antiguo aeropuerto de la isla. Las cerró cinco años después,
a raíz de las continuas denuncias realizadas desde
organizaciones sociales por las condiciones infrahumanas que se vivían dentro.
En sus 1.500 metros cuadrados, llegaron a estar hacinadas alrededor de 1.300
personas.
El
CIE de Aluche fue inaugurado el 28 de junio de 2005 –durante el Gobierno de
Zapatero– en un complejo de 10.000 metros cuadrados que supuso una inversión de
11 millones de euros, ubicado en el mismo sitio donde antes se encontraba el
hospital de la antigua cárcel de Carabanchel. Un año después abrió sus puertas
el CIE de Zona Franca (Barcelona).
Antes
de la apertura del primer CIE ya se utilizaban dependencias policiales para
internar a gente a la espera de su deportación, según explica a Diagonal el
abogado Andrés García Berrio, miembro de la plataforma Iridia. "A medida
que los procesos migratorios se fueron agudizando, se fueron utilizando
espacios específicos", señala. Actualmente existen nueve CIE repartidos
por todo el Estado: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Fuerteventura, Las
Palmas, Algeciras y Tarifa. Cada uno tiene capacidad para albergar hasta 250
personas por un máximo de 60 días.
Los
CIE se crearon siguiendo el modelo de Estados Unidos, que desde
finales del siglo XIX comenzó a confinar en la isla Ellis –islote situado en el
puerto de Nueva York– a los europeos que intentaban llegar a la tierra de las
oportunidades hasta que fueran deportados, una práctica que siguió después en
1980, ya con haitianos y cubanos, en el Centro de Detención de Guantánamo, y
que no se legalizó hasta 1996.
Por
su parte, el Parlamento Europeo contempló en la legislación comunitaria la
figura del CIE en diciembre de 2008, con la aprobación de la Directiva
2008/115/CE, también conocida como 'de Retorno' o 'de la vergüenza', sobre la
política común europea para la devolución de ciudadanos en situación irregular.
"La
mera existencia de los CIE es en sí una vulneración de los derechos humanos al
suponer un castigo de privación de libertad por una falta administrativa",
afirma Clara García, de SOS Racismo.
Entre
las principales críticas a los CIE, desde esta organización apuntan a la vulneración
del derecho de asilo o la deficiente atención médica,
problema que se visibilizó especialmente en 2011 con la muerte de Samba Martine
en el CIE de Aluche y de Ibrahim Sissé en el centro de Zona Franca, en
Barcelona. También la vulneración del derecho a asistencia jurídica.
"Vemos
que muchas veces hay personas que pasan sus 60 días sin haber visto a su
abogado, y sin más información que un folleto que, a veces, es prácticamente
ilegible", detalla Clara García. En muchas ocasiones, los internos ni
siquiera tienen ocasión de contar con un intérprete.
Sin
embargo, una de las vulneraciones más denunciadas tiene que ver con las agresiones
y malos tratos que sufren muchos internos en este tipo de centros y
que la mayoría de las veces no llegan a la justicia porque las víctimas son
deportadas.
Es posible cerrar los CIE...
El
pasado 28 de octubre, Madrid se convirtió en la tercera ciudad que
aprobó una moción para exigir el cierre de los CIE. "Aunque la decisión es
del Gobierno central, es importante que desde las instituciones locales se
inste al cierre", señala Clara García, que destaca también el papel de los
internos que llevaron a cabo una protesta el pasado 18 de octubre en el CIE de
Aluche y de la ciudadanía que se movilizó en su apoyo. "Han conseguido que
la agenda mediática mire a donde nunca mira", apunta.
Antes
de Madrid, Barcelona y Valencia ya hicieron declaraciones institucionales en
este sentido. En el caso de Barcelona, seguidas por acciones desde la Alcaldía
para presionar al Gobierno central, utilizando herramientas administrativas.
Desde el Gobierno central, la respuesta ha sido reforzar las medidas de
seguridad y, desde el PSOE, pedir explicaciones en cuanto a las vulneraciones
de derechos humanos en estos espacios, pero sin cuestionar su existencia. Sin
embargo, ¿es posible echar el cierre a los CIE?
"La
Directiva de Retorno permite, pero no obliga, a los Estados miembros tener
centros de internamientos", explica García Berrio. A día de hoy, este tipo
de centros existen en todos los países de la Unión Europea.
"El contexto europeo es absolutamente vulnerador de derechos",
considera este abogado, que lamenta que la normativa europea permita hasta 18
meses de encierro.
García
Berrio valora el modelo en política migratoria de países como Ecuador o
Argentina, país este último donde no ha sido hasta el actual gobierno de
Mauricio Macri cuando se ha abierto un centro de internamiento de extranjeros.
"Son dos países que reconocen el derecho a la migración, y eso hace que se
plantee una política de flujos migratorios más realista y menos represiva hacia
el propio hecho de migrar", explica el abogado.
Según
detallan desde Iridia, la incidencia de estos centros en el control de flujos
migratorios es "absolutamente irrisoria en cifras, pero no en cuanto a
sufrimiento".
Los
datos del Instituto Nacional de Estadística les dan la razón: en 2014 hasta
300.000 personas abandonaron el Estado de manera voluntaria. Ese mismo año, la
cifra de personas expulsadas desde los CIE no superó las 4.000. "Se
podrían cerrar los CIE mañana y limitar las deportaciones forzosas al mínimo
sin afectar los flujos migratorios. ¿Para qué te vas a gastar el dinero y
producir sufrimiento deportando de forma forzosa cuando mucha gente está
dispuesta a volver a su país de forma voluntaria en otro tipo de
circunstancias?", se pregunta García Berrio. "Lo que hace falta es un
cambio de paradigma", concluye.
Una atención sanitaria privatizada
La atención sanitaria en todos los CIE está gestionada, desde agosto de 2014, por la empresa privada Clínica Madrid. El contrato, por cerca de 1,05 millones de euros anuales, contempla la presencia de un médico desde las 8h hasta las 22h entre semana y de 10h a 13h los fines de semana sólo en los centros de Aluche y Valencia.
La atención sanitaria en todos los CIE está gestionada, desde agosto de 2014, por la empresa privada Clínica Madrid. El contrato, por cerca de 1,05 millones de euros anuales, contempla la presencia de un médico desde las 8h hasta las 22h entre semana y de 10h a 13h los fines de semana sólo en los centros de Aluche y Valencia.
En
el resto de centros de internamiento, la presencia de un médico es aún más
reducida. En Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura, el médico está presente sólo
durante un par de horas en los días laborables, dejando a los
internos sin ningún tipo de atención sanitaria en fin de semana.
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