Piscina descubierta de residuos de petróleo dejada por Texaco en la Amazonia |
Pablo Fajardo Mendoza Hace más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, (UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional Chevron Corporation, antes Texaco.
Para refrescar la
memoria, recordemos que Chevron, en 1964, obtuvo un concesión de más de un
millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador, para explorar y extraer
petróleo. En esa área de selva tropical amazónica, habitaban pueblos indígenas
ancestrales, entre ellos: los Siekopai, Sionas, Cofanes, Waorani, Tetetes y
Sansahuari.
La empresa Texaco
realizó una operación defectuosa, diseñada para incrementar su ganancia
económica, con la menor inversión posible. Por ejemplo: todas las
piscinas, de una dimensión mínima que sobrepasaban en promedio los 300 metros
cuadrados, las construyó lo más próximo a las fuentes de agua superficial.
Vertió intencionalmente a los ríos de la Amazonía más de 16.000 millones
de galones de agua tóxica (agua mezclada con tóxicos producto de la
extracción); provocó cientos de derrames de crudo, que nunca remedio, cubrió
con petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o carreteras.
En conclusión, causó de
forma intencional y reiterada, la destrucción de más de 450.000 hectáreas de
bosque tropical amazónico. De acuerdo a la ley ecuatoriana, al contrato
de concesión y a las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba
obligada a utilizar la mejor técnica, para evitar el impacto ambiental y así no
afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero, la actitud
irresponsable adoptada por Chevron generó uno de los peores desastres
ambientales de la historia de la humanidad, causado por una transnacional.
Según varios estudios de
salud, entre ellos los contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”, de
Carlos Berinstain y “Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián,
realizados en la zona, se determina la existencia de cientos de casos de
cáncer, que son plenamente atribuibles a la constante exposición a los tóxicos
arrojados por la petrolera.
Proceso judicial
Con el sueño de lograr
una reparación del daño causado por las operaciones de Chevron, más de 30.000
indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana, en el 1993, plantearon una
demanda en contra de la petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es decir,
ante el sistema judicial norteamericano.
a.
Desestimar la demanda. Para procurar
convencer a los jueces norteamericanos que desestimen la demanda, la petrolera
logró incidir en el Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un contrato, en
el que la petrolera se comprometió a remediar una parte del daño causado.
b.
Foro no conveniente. El segundo argumento
de la petrolera fue el de que el sistema norteamericano, no era el foro
conveniente y que si se debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el
sistema judicial ecuatoriano.
Finalmente, luego de
nueve años de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron ganó esa batalla
y el caso se radicó en el Ecuador, en donde la petrolera argumentó que el
sistema judicial ecuatoriano no era competente para procesar este juicio.
En el 2011, la UDAPT
logró que Chevron sea condenada a pagar más de 9.500 millones de dólares, que
serán destinados a reparar el daño causado.
Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus
bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia que
ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el
daño.
Hasta este día, la
UDAPT, con su esquipo de abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá,
Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional.
Ha recurrido a varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, pero hasta hoy no logra un pleno acceso a la justicia.
¿Cuáles son los
obstáculos que tienen los afectados para lograr un adecuado acceso a la
justicia?
Existen múltiples
obstáculos que impiden que pueblos y/o comunidades afectadas tengan pleno
acceso a la justicia y sean tratadas en igualdad de condiciones que las corporaciones.
Costo económico. Según datos,
algunos públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha gastado más de dos
mil millones de dólares en su defensa. Ha contratado más de 60 bufetes de
abogados en distintos países, decenas de empresas de comunicación, de lobby, e
incluso empresas de espionaje y persecución como Kroll por ejemplo, que es una
de las compañías de espionaje más grandes del mundo. Esa corporación, a
fines de 2013, reveló que en ese año había facturado más de 15.000.000 de
dólares a Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT.
Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a
distintos gobiernos del mundo, con el fin de comprar impunidad. Por
ejemplo, cuando la UDAPT logró activar el embargo en la República de Argentina,
Chevron ofreció realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta,
a cambio que los jueces levanten el embargo que la UDAPT había conseguido
activar en ese país. Finalmente, el chantaje les funcionó, la Corte
Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de
julio del mismo año (2013), se suscribió el contrato de inversión entre Chevron
y el Gobierno argentino.
Es imposible para los
pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación con un
sistema que no garantiza la igualdad para las partes.
Ocultamiento tras las
empresas subsidiarias. Según el informe publicado en el 2011,
PipingProfits, de PublishWhatyouPay de Noruega[1],
Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más de
77 empresas subsidiarias, la mayoría de ellas en los denominados paraísos
fiscales. Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña es la
ingeniería que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio[2].
La UDAPT, que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del Ecuador,
hoy está abocada a realizar distintas acciones de exequátur (homologación de
sentencia) en jurisdicciones extranjeras, entre ellas Canadá, Brasil y
Argentina. En todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo
societario, tras las subsidiarias.
Uso de la ciencia para
torcer la verdad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se generaron más de 80.000
resultados físicos químicos, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los
cuales pagados totalmente por Chevron. El legado de tóxicos dejados por
Chevron en nuestra Amazonía es inocultable, es evidente, tanto así que, a los
propios expertos contratados por Chevron se les hacía imposible no encontrar
contaminación. Durante la fase de investigaciones de campo, el
multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron debía hacer un
gran esfuerzo para no hallar residuos de tóxicos, dejados por la petrolera, en
la Amazonía; y cuando daban con ellos, que era siempre, el trabajo de los
expertos era ocultarlos o minimizar su impacto[3].
Sistema de justicia
inaccesible para los pueblos afectados. Cuando nuestro caso fue planteado
ante el sistema de justicia de los EE.UU., Chevron argumentó que los jueces
norteamericanos no tenían competencia para procesar este juicio, que no era el
foro conveniente. Cuando el caso vino al Ecuador, Chevron argumentó que
los jueces del Ecuador no eran competentes para procesar el juicio.
Luego, cuando la UDAPT ganó el litigio en Ecuador e iniciamos las
acciones de Exequátur en Canadá, Brasil y Argentina, Chevron arguye, en las
tres jurisdicciones, que esos jueces no son competentes para procesar este
proceso. Este argumento lo pone Chevron porque sabe que no existe en el
mundo un instrumento jurídico que permita juzgar corporaciones, ni una
estructura o corte internacional para ese fin. Este es el gran vacío que
existe en el planeta.
Protección del país de
origen de la corporación. En este caso, es evidente que tanto el
sistema judicial de los EE.UU. como la administración pública de ese país, han
protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporación.
Por ejemplo, en su
momento revelaron al menos nueve cables Wikileaks, que evidenciaban los nexos y
las presiones que ejercía la embajada estadounidense en Quito, en contra del
Gobierno ecuatoriano, y del sistema judicial del Ecuador, para ayudar a
Chevron.
Adicionalmente, en los
últimos años, el sistema de justicia de los EE.UU., asentado en Nueva York, ha
emitido resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar la sentencia nuestra en
los EE.UU., todo por un supuesto fraude. Durante el proceso judicial, prohibieron
a los ecuatorianos y sus defensores hablar de la contaminación ambiental
generada por Chevron; los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen el
Ecuador, no conocen el daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se
generó para que exista la sentencia en el Ecuador, y al menos uno de esos
jueces tiene inversiones económicas en Chevron, a través de fondos de
inversión. ç
Igualmente existen
diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios
del Gobierno norteamericano, realizando planes para incidir en el Gobierno de
Ecuador.
Tratados internacionales. Por último, los
tratados bilaterales de protección de inversiones no hacen más que cerrar el
círculo para garantizar la impunidad a las corporaciones. En el fondo, en
los tratados se incluyen normas que generalmente están por encima de las normas
domésticas de los Estados, y que a la postre garantizan a las corporaciones
realizar sus operaciones de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a la
justicia a comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas generan
desastres ambientales y sociales. Chevron ha planteado tres arbitrajes
internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los
afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima defensa que
haga el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.
Los 23 años de lucha de
la UDAPT contra Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones
transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice
impunidad, lo que nos demuestra que el problema que tenemos es sistémico.
El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y garantiza
completa impunidad a las corporaciones transnacionales.
Para ilustrar mejor esta
complejidad, aquí formulo varias preguntas. ¿Cómo se explica el hecho de
que cuando una persona quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o
internacional de Derechos Humanos, éste primero debe agotar todos los recursos
internos de su país; mas sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden
demandar a los Estados directamente? ¿Por qué este trato diferenciado?
¿Por qué los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos,
ambiente, pueblos indígenas, son declaraciones no vinculantes; mientras que los
instrumentos jurídicos para proteger las inversiones, al inversionista, a las
corporaciones, son convenios vinculantes?
Pablo Fajardo Mendoza, abogado
ecuatoriano, es Procurador común y representante legal de los pueblos de la
Amazonía, agrupados en la UDAPT, en el juicio contra Chevron Corporation.
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