En lo que
va del año 13 miembros de la comunidad LGBTI han sido asesinados
Una marcha que parece ser la más colorida en El Salvador, en la
que muchos deciden hacer el uso más imperante de la libertad de expresión, en
la que gritan y muestran abiertamente sus preferencias sexuales, puede también
convertirse en la sentencia de muerte de algunos de sus participantes.
Se trata de la marcha del Orgullo Gay, la cual se realiza a
finales del sexto mes del año. ¿Casualidad o intolerancia el hecho que golpeen
o asesinen a alguien de la comunidad LGBTI después de una marcha?
Para Maybellin Rivas, presidenta de ASPIDH Arcoíris Trans, la
intolerancia es uno de los principales factores, el repudio que genera en
muchos al saber de la comunidad.
“Efectivamente, siempre después de una marcha surgen los
asesinatos, las acciones contra la comunidad LGBTI, el ataque es más para la
población trans, siempre des pues de una marcha hay un crimen de odio”,
señaló.
Y trajo a memoria que el pasado domingo 28 de junio, un día
después de la marcha, fue asesinado un joven gay, quien era estudiante
universitario; ese mismo día también fue asesinado otro hombre gay. De igual
forma recordó la golpiza propinada a Aldo Alexander Peña, un hombre
trans, por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), la noche del
27 de junio.
Peña es agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San
Salvador y fue brutalmente golpeado por agentes de la PNC, según William
Hernández, de la Asociación Entreamigos, este se convierte en el primer caso en
que se podrá demostrar las acciones de odio en contra la comunidad por parte de
cuerpos de seguridad del Estado.
Ante este hecho uno de los primero en pronunciarse fue fiscal
general de la República, Luis Martínez, quien aseguró que la Fiscalía ya había
iniciado una investigación de oficio para determinar las motivaciones que
llevaron a los agentes a agredir a Peña.
También, por ese caso, se pronunció el gobierno salvadoreño
y condenó el ataque e hizo hizo un llamado a las autoridades correspondientes
para esclarecer el hecho. “Condenamos cualquier agresión hacia cualquier grupo
de la sociedad, sobre todo a los grupos más vulnerables. Tenemos un marco
reglamentario dentro de las instituciones del Estado, un marco normativo en el
país, que permite en este caso profundizar esa investigación, establecer las
responsabilidades”, agregó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia,
Eugenio Chicas.
Días después de la marcha también fue saqueada una organización
defensora de los derechos LGBTI. Misma que fue la sede desde donde
denunciaron el ataque en contra de Peña.
“Es una sociedad con homofobia y transfobia, una sociedad
que siente repudio por el simple hecho de tener una identidad de género y una
orientación sexual distinta (…) Creemos que por el odio somos más vulnerables
después de una marcha”, señaló Rivas.
Por su parte, Hernández, dijo que es notorio el
aumento de acciones de odio después de una marcha. Incluso denunció que en la
misma marcha recibieron insultos, gritos; “otros, osaron en cortar la
marcha con sus vehículos atravesándose, esto porque no vieron presencia
policial”, ya que en la marcha, no hubo presencia de la PNC.
Hernández mencionó que también son víctimas de la falta de acción
de las autoridades para investigar los crímenes que han cobrado la vida de
centenares de la comunidad LGTI “las personas que deciden atacar a la comunidad
saben que nos las van a investigar”, expresó.
Las
cifras del odio
Según ASPIDH, en lo que va del año 13 miembros de la
población LGBTI fueron asesinados, el último se registró el pasado 28 de
junio. Señaló que del total, nueve mujeres trans han sido asesinadas;
tres hombres gay y un hombre trans se suman a la lista de crímenes de odio.
Rivas señaló que estos casos son los registrados, pero puede que exista
un sub registro, agregó que ninguno está judicializado.
En 2014, tan solo cuatro días después de la marcha, tres personas
de la comunidad LGBTI fueron ultimadas. En esa ocasión, Edwin “Paty”
Hernández, señaló que desde la primera marcha que se realizó en
junio de 1997 en el país los actos violentos y asesinatos aumentan en ese
periodo.
En 2009, la historia no fue diferente, ese año en el que
fueron asesinados 14. En 2010 las organizaciones conocieron de 16
asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI.
En 1998
la historia se repitió, según Hernández, durante el mes en que se organizó la
marcha 11 mujeres trans fueron asesinadas, por lo que igual cantidad de ataúdes
de forma simbólica acompañaron la caminata.
Organizaciones defensoras de los derechos de la población LGBTI
aseguran que desde 1996, la Fiscalía General de la República (FGR) acumula una
deuda de más de 500 casos de homicidio por odio a la diversidad sexual, de los
cuales únicamente uno se ha logrado resolver, caso que se investigó por
tratarse de un cooperador internacional, denunciaron.
Hace
falta una Ley de Identidad
Abraham Ábrego, director de la Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD), expresó a ContraPunto que como entidad
han identificado “una situación bastante grave de violación a los derechos
humanos de la población LGBTI y últimamente hacia las organizaciones que
defienden sus derechos”.
Señaló que según estudios de la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos y el PNUD, realizado en años anteriores, revelaba un
esquema de discriminatorio en educación, salud, derechos políticos y en
particular en el tema de identidad de género; y que en la actualidad esto sigue
sucediendo.
En El Salvador no existe una Ley de Género, y esta es una de las
peticiones que este grupo hace, ya que consideran que este instrumento
legal les proporcionaría un marco jurídico que propiciará el respeto
a la identidad de las personas transexuales y transgénero; además
garantizará su libre desarrollo en la sociedad.
Entre los beneficios de la Ley de Identidad estarían la
rectificación del nombre y sexo en la partida de nacimiento; la obtención de un
nuevo documento de identidad; la ley estipularía el trato digno; reducirá el
estigma y discriminación por identidad de género, entre otras cosas.
Según Ábrego, el Estado aún está en deuda con esta población, ya
que no garantiza la seguridad y los crímenes de odio que están sucediendo ni
siquiera están tipificados como eso. “Yo esperaría que el Estado tuviera
un acción más fuerte en el tema de derechos humanos de esta comunidad”, dijo.
De Contrapunto.com.sv
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