Al observar el comportamiento de los
parlamentarios en los tres días que discutieron la admisibilidad del
impedimento de la presidente, Dilma Rousseff, nos parecía estar viendo niñitos
divirtiéndose en un jardín de infantes. Gritos de todos lados. Coros recitando
sus mantras en contra o a favor del impedimento. Algunos vinieron engalanados
con los símbolos de sus causas. Gente vestida de la bandera nacional, como si
fuera un día de carnaval. Letreros con sus consignas repetitivas. En fin, un
espectáculo poco digno de personas decentes de quienes se esperaría un mínimo
de seriedad. Se llegó incluso a hacer un juego de apuestas como si fuera una
lotería o un partido el fútbol.
Pero lo más sorprendente fue la figura del
presidente de la Cámara que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Ha
sido imputado de muchos crímenes y está acusado por el Tribunal Supremo: un
gánster juzgando a una mujer decente contra quien nadie se atrevía a atribuirle
algún delito.
Tenemos que cuestionar la responsabilidad
del Tribunal Supremo Federal por haber permitido este acto que nos avergonzó
nacional e internacionalmente, al punto que el New York Times del 15 de abril,
escribió: "Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de
ladrones." ¿Qué interés secreto alimenta al Tribunal Supremo a cometer una
omisión tan escandalosa? Nos negamos a pensar que esté participando en una
conspiración.
Durante el razonamiento del voto ocurrió
algo absolutamente escandaloso. Se trataba de juzgar si la presidenta había
cometido un crimen de irresponsabilidad fiscal con otras gestiones
administrativas de las finanzas, como base jurídica para un proceso político de
impedimento que implicaría remover a la presidenta del cargo que había
conseguido mediante el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni
siquiera se refirieron a esta base jurídica, el famoso “pedaleo” de impuestos,
etc. En lugar de apoyarse jurídicamente en el eventual delito, dieron alas a la
politización de la insatisfacción generalizada que se extiende a través de la
sociedad por la crisis económica, el desempleo y la corrupción en Petrobras.
Esta insatisfacción puede representar un error político de la presidenta, pero
no constituye ningún delito.
Como en un ritornello, la gran
mayoría se centró en la corrupción y los efectos negativos de la crisis.
Tildaron hipócritamente al gobierno de corrupto, cuando bien sabemos que un
gran número de diputados está bajo sospecha de delitos de corrupción. Buena
parte de ellos fue electa con el dinero de la corrupción política, sostenida
por las empresas. Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no
representan los intereses colectivos, sino los de las empresas que financian
sus campañas.
Cabe señalar un hecho preocupante: surgió
de nuevo como espantapájaros la vieja campaña que estimuló el golpe militar de
1964: las marchas de la religión, de la familia, de Dios y contra la
corrupción. Decenas de parlamentarios de la bancada evangélica lanzaron
discursos en tono religioso, invocando el nombre de Dios. Y todos, sin
excepción, votaron por el impedimento. Pocas veces se ha ofendido tanto el
segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe usar el santo nombre de Dios
en vano. Gran parte de los parlamentarios, de forma pueril, dedicaron su voto a
la familia, a la mujer, la abuela, los hijos y nietos, citando sus nombres, en
una banal espectacularización de la política. En cambio, quienes se
pronunciaron contra el impedimento lo argumentaron y mostraron un
comportamiento decente.
Se trató de un juicio de tintes políticos
sin bases legales convincentes, lo cual viola el precepto constitucional. Lo
que ocurrió fue un golpe parlamentario inaceptable.
Los votos en contra del impedimento no
fueron suficientes. Todos salimos disminuidos como nación y con vergüenza de
los representantes del pueblo que, en realidad, no lo representan ni tienen la
intención de cambiar las reglas del juego político.
Ahora solo nos queda esperar la
racionalidad del Senado, que examinará la validez o no de los argumentos
legales, la base para un juicio político sobre un posible delito de
responsabilidad, negado por destacados juristas del país.
Tal vez aún no hemos madurado como pueblo
para poder llevar cabo una democracia digna de ese nombre: la traducción al
campo de la política de la soberanía popular.
- Leonardo Boff es articulista de JB
online y escritor.
http://www.alainet.org/es/articulo/176835
- See more at:
http://www.alainet.org/es/articulo/176835#sthash.rZFG4Cal.dpuf
No hay comentarios:
Publicar un comentario